Canal de denuncias para la Ley de Delitos Económicos (Ley 21.595 y Ley 20.393)

La Ley 20.393, de 2009, introdujo en Chile la responsabilidad penal de la persona jurídica para un catálogo acotado de delitos: lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho. La Ley 21.595, publicada el 17 de agosto de 2023, no la deroga: la modifica en profundidad desde el 1 de septiembre de 2024. Amplía el catálogo a los delitos económicos de sus artículos 1 a 4, redefine el modelo de prevención y agrega la supervisión de la persona jurídica a penas que ya existían, como la disolución (hoy extinción) y la prohibición de contratar con el Estado.

Sí. Adoptar un modelo es voluntario, pero solo un modelo adecuado y efectivamente implementado permite eximir a la persona jurídica de responsabilidad penal. Según el artículo 4 de la Ley 20.393, el modelo debe considerar, en la medida exigible a su giro, tamaño, complejidad y recursos: (1) la identificación de las actividades con riesgo de delito; (2) protocolos y procedimientos que incluyan canales seguros de denuncia y sanciones internas; (3) uno o más responsables con independencia, facultades y recursos; y (4) evaluaciones periódicas por terceros independientes.

Según el artículo 2 de la Ley 20.393, responden penalmente las personas jurídicas de derecho privado, las empresas públicas creadas por ley, las empresas, sociedades y universidades del Estado, los partidos políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público, sin distinción de tamaño. La Ley 21.595 amplió el catálogo a conductas frecuentes en la operación de una empresa: tributarias, ambientales, de libre competencia, de mercado de valores e informáticas, entre otras.

La Ley 21.595 ordena los delitos económicos en cuatro categorías (artículos 1 a 4): (i) delitos que siempre se consideran económicos, como los de mercado de valores y libre competencia; (ii) delitos que lo son cuando se cometen en ejercicio de un cargo en una empresa o en su beneficio, como los tributarios, aduaneros e informáticos; (iii) delitos funcionarios, como la malversación, el fraude al fisco o el cohecho, en que interviene alguien que ocupa un cargo en una empresa o que se cometen en su beneficio; y (iv) la receptación y el lavado o blanqueo de activos vinculados a los anteriores. La Ley 20.393 hace responsable a la persona jurídica por los delitos de esos cuatro artículos, sean o no económicos.

Según el artículo 3 de la Ley 20.393, la persona jurídica responde por los delitos del catálogo cometidos en el marco de su actividad por, o con la intervención de, una persona que ocupa un cargo, función o posición en ella, o que le presta servicios gestionando sus asuntos ante terceros, siempre que la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención haya favorecido o facilitado el delito. No responde si el hecho se cometió exclusivamente en su contra.

Janus aporta los canales seguros de denuncia que el artículo 4 de la Ley 20.393 exige al modelo que la empresa decide adoptar: casos con código único, plazos, intercambio confidencial con quien denuncia, expediente PDF con sello de integridad y reportes para la dirección. El resto del modelo (identificación de riesgos, designación y recursos del encargado de prevención, protocolos, sanciones internas y evaluaciones periódicas por terceros independientes) se aborda con su asesoría legal, por ejemplo con Anguita Osorio Abogados.